Para la mayoría de las millones de personas que se despertó en la madrugada del 7 de abril de 1880 no hubo ninguna diferencia apreciable con el día anterior. Todo seguía igual. Es cierto, en algunas partes del mundo daban comienzo cosas que trastornarían muchas vidas (la síntesis de la cocaína), se terminaban otras que ya eran parte del paisaje (la Catedral de Colonia, luego de 632 años de obras) y continuaban unas terceras que, con su violencia y espectacularidad, cambiaban todo para que todo siguiera igual, incluso hasta nuestros días (Abdur Rahman Khan se convertía en Emir de Afganistán, luego de una serie de guerras y rebeliones, para dar origen a otras guerras y rebeliones que, a su vez, etcétera y etcétera).

No es el caso de Luis Martiniano Rodríguez Herrera. Para él habría un antes y un después. Esa mañana tenía 37 años, era ex diputado del Partido Liberal y —dato nada menor— profesor de Gramática Castellana del Instituto Nacional en Santiago. “Profesor”, no “ex profesor”: Había conseguido que el gobierno del presidente Aníbal Pinto le guardara el cargo.
 
La Gramática se tenía por cosa muy seria en aquellos días, cuando un gramático inspiraba más respeto que un banquero. Que uno de los primeros acabase de ser nombrado como Intendente de Chiloé tendría consecuencias inesperadas. ¿Por qué? Es sabido que los profesores de gramática se parecen a los ingenieros calculistas. Para ellos, un adjetivo mal puesto es como el peso de una estructura mal determinado. En vez de dar vida, mata.

Y tienen razón.
 
Curiosamente, el asunto que llevaba a Luis Martiniano a “la Isla Grande” tenía que ver con la muerte. En cantidades industriales. Chile estaba en guerra contra Perú y Bolivia. Se necesitaban soldados. Poco más de cuatro meses antes, el cuerpo expedicionario chileno había sufrido 500 bajas sólo en la batalla del pueblo de Tarapacá y se había visto obligado a huir.

Pese a la idealización escolar posterior, en abril no estaba para nada claro que Chile tuviese las de ganar. En cambio, era seguro que las batallas en que se imponía valían su precio en sangre. De muestra un botón, apenas un mes después, en la Batalla de Campo de la Alianza, en las afueras de Tacna, el éxito chileno le costaría la vida o heridas graves a ¡¡tres de cada diez de sus hombres!!    

Las noticias corrían rápido, de manera que los campesinos y artesanos, junto con vagabundos y pequeños delincuentes que las patrullas de reclutamiento forzoso —ilegales— enganchaban, tenían claro que “el soldado chileno sufría casi tanto a manos de su propio gobierno como a manos del enemigo”, como escriben los historiadores Simon Collier y William F. Satter sobre la situación. La indiferencia de los mandos hacia la soldadesca, a ojos de nuestro siglo XXI, exhibe características criminales: “Dado que el ejército había eliminado hacía tiempo su cuerpo médico, los militares no podían cuidar a los heridos o a los enfermos (…) En Perú, los heridos solían ser enviados de vuelta a Chile, a veces en el puente de los cargueros. Como resultado, muchos soldados llegaban a casa muertos o con heridas gangrenadas. Hasta que las protestas obligaron a cambiar esta situación, los funcionarios de gobierno insistían en que los heridos de guerra pagaran por su propia atención médica”. Añadiendo al insulto, la humillación, “los militares también dejaban de pagarle al soldado su salario y sus asignaciones familiares mientras estuviera hospitalizado”.

No se necesita una lucidez mental admirable para entender por qué los chilotes decidían evadir de cualquier forma el reclutamiento que implicaba una muerte casi segura en manos de los propios, si los enemigos llegaban a herirlos.

¿Por qué no dejarlos tranquilos? El problema es que Aníbal Pinto, primero, no había querido la guerra; segundo, iniciadas las acciones contra Bolivia, había intentado que sólo involucraran territorios cedidos a La Paz por un tratado de 1874; tercero, que Perú no entrara en el conflicto; y, cuarto, había llegado a un acuerdo con la Argentina (en busca de evitar su ingreso a la contienda), por la Patagonia, que la oposición calificaba de “entrega”.
 
Entonces, como el hilo se corta por lo más delgado, había que asegurar la conscripción. Por eso, Luis Martiniano difundió aquella mañana la Circular 294 la que la leva era obligatoria. Poniéndose especial cuidado en que “a los individuos que oculten a unos u otros, o los acepten en sus casas sin dar parte a la autoridad. Todos estos deben ser preferidos para el servicio (militar)”. Lo más interesante de toda esta acción destinada a imponer la autoridad del gobierno central, era que —aunque pudiese haber algún componente de exageración— sí había brujos. Y no cada uno por su cuenta, sino una organización, una presunta forma de gobierno paralelo encubierto, que incluía a cientos de ellos. Y tenía un nombre destinado a hacer historia, “La Recta Provincia”.

La expresión surgió del juicio de casi dos años con el que se desarticuló, según algunos o sólo se moderó, según otros, a la organización. La sentencia en primera instancia indicó que “de las declaraciones y de la lectura de los papeles encontrados en su poder resulta: que esta institución existe desde tiempos remotos, y cuenta con un número excesivo de afiliados, todos los que a su incorporación, se les confiere un empleo, el que aceptan bajo la obligación del sigilo y obediencia. Por nombre del lugar para que son nombrados se sabe que han hecho una subdivisión territorial bajo nombres y linderos que ellos reconocen”.

Que estos calcus, pelapechos, flecheros, macuñeros, mágicos, mentados o brujos no eran mera ilusión de Luis Martiniano se comprueba porque… cobraban impuestos. Había “agentes de seguros” que pedían al “contribuyente” una cómoda cuota para evitar ser dañada por los “malos cristianos”.
 
Suena siciliano. No sin razón. Según Mauricio Marino y Cipriano Osorio, en su “Chiloé, cultura de la madera: proceso a los brujos de Chiloé”, La Recta Provincia sufría, precisamente, por su éxito. De ser un grupo pequeño, quizá con un siglo o más de vida previa, creado para resistir al régimen de vasallaje impuesto por los españoles, pasaba entonces por una “crisis interna, puesto que muchos de sus miembros (y otros que se hacían pasar por brujos) utilizaban diversos medios para estafar, robar y asesinar gente a su libre albedrío”. La causa de  este deterioro tenía su raíz “en la masificación de integrantes que ingresaron a la brujería en el siglo XIX, muchos de los cuales ni siquiera cumplían el proceso de iniciación requerido”. Ser brujo no era una vocación, sino una alternativa económica de vida.

Es muy decidor que, según los mismos brujos acusados en el juicio, la organización tendía su origen hacia un encuentro ocurrido entre el explorador español José Manuel de Moraleda y Montero y una chamana de Quetalco llamada Chillpila. En este relato, caracterizado como un hechicero, el poderoso Moraleda intenta seducir a los indígenas con sus trucos en una playa, transformándose en animales, hasta que Chillpila, en un duelo de magia, lo deja en ridículo al secar directamente el brazo de mar en que descansa la nave del cartógrafo hispano. Y luego volver a hacerlo flotar. Éste, asombrado, pero honorable, le regala a la machi un libro de brujería que trae consigo. Libro que, hasta el día de hoy, se encuentra oculto en la sede central de la sociedad de los brujos.

La anécdota es muy vital. Moraleda en realidad está cartografiando todo Chiloé y parte de la Patagonia Occidental, bajo las órdenes del Virrey del Perú quien, de paso, le ordena hacer esfuerzos para descubrir la Ciudad de los Césares, urbe mítica que estaría hecha de… oro. Pero, a la vez, Moraleda es un hombre que anticipa la aparición de la ciencia, y que llegará a  viajar con Humboldt y Malaspina.

Bajo la óptica de los encausados, si bien el poder mágico fuerte es indígena, las herramientas de la brujería son españolas: se trata de vencer a los invasores usando lo que ellos han traído. Hay no poca verdad en ello.

La brujería, como asevera el antropólogo Douglas Sharon sobre un proceso ocurrido en el norte de Perú, es un intento por salir de la situación de subordinación humillante y angustia ante la falta total de control sobre el propio destino, luego de la caída de una cultura a manos de invasores: “Así, hacia el siglo XVII la semillas del descontento habían sido sembradas y estaban dando fruto; la brujería se había vuelto parte de la vida en los pueblos costeros, en especial la variedad que provenía de la Baja Edad Media cristiana, la cual, a su vez, había sido fomentada por la opresión, la intolerancia religiosa, la ignorancia y la pobreza”.

El juicio a varias decenas de los brujos de Chiloé terminó en febrero de 1881 con diversas condenas. Para Luis Martiniano fue un éxito. Logró el control de la isla, terminó con la hemorragia de desertores y estableció allí su base política. Fue electo diputado por Ancud, con ayuda del fraude general de la época, en 1885-1888 y 1888-1891. En 1892, otra vez le dieron la Intendencia, que volvió a ocupar, tras un intervalo como ministro, hasta 1912.

Pese a sus poderes, los brujos chilotes no lograron vengarse. El gramático murió en Santiago en noviembre de 1929. Sin embargo, para los amantes del poder de los conjuros hubo un consuelo. En Chiloé, la palabra “poeta” sigue siendo en algunos lugares la descripción de quienes “hacen las relaciones sobre los sucesos en las juntas de brujos” y “poetón”, un “brujo cantor que romancea en las ceremonias para secar lagos y ríos”. Como la Chillpila, que era una poetona.